LOGOMJSPVisión, Misión y Valores del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

M I S I O N

Aprobar y dirigir la ejecución de la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia a través de sus componentes: control y represión del  delito, prevención social de la violencia, ejecución de medidas penitenciarias, rehabilitación y reinserción social, atención a las víctimas y reforma legal e institucional.

V I S I O N

Contribuir en la construcción de un país justo y seguro donde se respeten los derechos y libertades de las personas, donde la vida familiar y comunitaria pueda desarrollarse despojada del miedo y donde se exista un clima favorable para la inversión, las oportunidades de empleo y el progreso familiar en el marco de un Estado constitucional y democrático de derecho.

O B J E T I V O S

Control y represión del delito

Incrementar la capacidad de gestión de la PNC con el fin de mejorar su respuesta para controlar y reprimir la criminalidad común, organizada y de las  pandillas, y reducir la impunidad mediante acciones efectivas de control territorial, uso de la información, inteligencia policial, investigación científica del  delito y otros recursos de la seguridad en el marco del Estado constitucional de derecho.

Prevención social de la violencia y del delito

Prevenir y reducir los factores y causas que propician la violencia y la delincuencia identificando los recursos y potencialidades de la comunidad para  incrementar la protección, y fomentando la cultura de paz, la convivencia armónica, la participación ciudadana y los mecanismos de resolución pacífica de conflictos.

Ejecución de las medidas y penas, rehabilitación y reinserción social

Implementar un nuevo modelo de ejecución de penas y medidas que garanticen el orden, la seguridad y el control de los centros penitenciarios e  intermedios y un tratamiento adecuado de respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo sanción o medidas penales para  asegurar así la efectividad en el proceso de rehabilitación y reinserción social.

Atención a las víctimas

Promover junto con otras instituciones del Estado medidas para restaurar el tejido social y procurar, desde las esferas administrativas y judiciales, la  atención a las víctimas de delitos.

Reforma institucional y legal

Ejercer una eficaz dirección estratégica de la seguridad pública que permita fijar prioridades, analizar las tendencias, diseñar estrategias, monitorear y  evaluar el impacto de las políticas, rendir cuentas a la ciudadanía y fortalecer la relación entre las instituciones responsables del sector justicia y seguridad.

Buen uso y manejo de los recursos

Ejecutar una política de uso racional de los recursos que garantice la transparencia.

Desarrollo y profesionalización del recurso humano

Impulsar acciones encaminadas a cualificar al personal institucional con el fin de ofrecer a la ciudadanía un buen servicio.

Eficiente gestión en la adquisición de bienes y servicios

Desarrollar políticas de contratación institucional que transparenten la gestión de la Administración pública en lo que concierne a la adquisición de bienes y servicios, con estricto cumplimiento de la ley.

Comunicación efectiva y coordinación institucional

Ejecutar sistemas de coordinación y comunicación efectivos tanto institucional como interinstitucionalmente.

Desarrollo tecnológico institucional

Ejecutar un plan de desarrollo tecnológico en todo el Ministerio que acompañe y facilite el alcance de las metas institucionales.

P R I N C I P I O S  R E C T O R E S

Justicia: Busca y apoya el bien común desde la promoción del Estado democrático de derecho a través del respeto a la Constitución, las leyes secundarias, la institucionalidad y los derechos humanos.

Tolerancia: Constituye la base para la unificación del país y para la mejora de la convivencia social y el respeto entre los ciudadanos. Mediante la tolerancia  se busca la conformación de consensos sobre el tema de la seguridad en un ambiente de aceptación de las diferencias, de comunicación, de apertura a otras visiones y de libertad de conciencia.

Responsabilidad: La responsabilidad impulsa el desarrollo de nuestra misión desde el convencimiento interno de la necesidad de fortalecer la institucionalidad para contribuir y defender el Estado democrático de derecho y con ello la seguridad ciudadana.

Ética: Se erige como principio esencial de la nueva Administración pública, que pretende adecuar conductas individuales y acciones institucionales con base en el cumplimiento de la Constitución, las leyes y lo reglamentos relacionados con nuestra misión de tutelar la justicia y la seguridad públicas.

Transparencia: Supone el eje transversal de gestión, y se concreta en acciones y herramientas de acceso a la ciudadanía de información relacionada con  nuestra labor institucional. Así, se disponen datos de las metas propuestas y de los resultados obtenidos en la implementación de programas y acciones  institucionales. Se trata, en general, de una cultura de rendición de cuentas de nuestros procesos y responsabilidades.

Probidad: La probidad marca el desarrollo de una institucionalidad tal que no existan contradicciones ni discrepancias entre nuestros valores, principios,  programas y acciones. Lleva a ser coherentes en nuestras actitudes y en nuestras actuaciones en relación con nuestra misión y competencias  institucionales a fin de generar confianza en la población.

Integralidad: La integridad es la actitud desde la que se realizan las labores, el enfoque enmarcado en la Estrategia Nacional de Desarrollo desde el cual  considerar todos los factores que obstaculizan y fortalecen la seguridad ciudadana.

Equidad: La equidad lleva a la promoción de oportunidades en igualdad de condiciones mediante la generación de espacios para grupos considerados  vulnerables a través de consensos construidos socialmente y surgidos de la sensibilidad de la desigualdad de sexos y desde el respeto y cuido de los  menores de edad, jóvenes y adultos mayores.

Institucionalidad: Promueve el respeto al orden, las competencias y los roles definidos desde la concepción del respeto al Estado democrático de  derecho. La institucionalidad supone lealtad y compromiso con los valores, principios, objetivos y competencias institucionales.