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En esta reseña histórica se expondrá brevemente el desenvolvimiento y transformaciones que ha experimentado esta Secretaría de Estado en el transcurso del tiempo, haciendo un pequeño comentario acerca de otras instituciones que en el pasado desempeñaron algunas de sus actuales competencias, particularmente las vinculadas a las áreas de justicia y de seguridad pública.

Área de justicia: Las atribuciones en el ramo de justicia, han existido desde los días de la Independencia de El Salvador, no obstante aquéllas fueron ejercidas por diversas instituciones, entre ellas Relaciones Exteriores e incluso la municipalidad.

El antecedente más remoto del que se tiene noticia es el Decreto No. 13, contenido en la “La Gaceta del Salvador”, impresa en la ciudad de Cojutepeque el 27 de febrero de 1858 -en esas fechas capital de la República-, por el cual se crearon en nuestro país cuatro Ministerios, entre los cuales se encontraba el “Ministerio de Gobernación, Justicia, Instrucción Pública y Negocios Eclesiásticos”.

Otro antecedente es el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo, emitido el 8 de octubre de 1915 por el entonces Presidente de la República, señor Carlos Meléndez, publicado en el Diario Oficial No. 243, Tomo 79, de ese mismo mes y año, en donde se establecen diez Secretarías de Estado que abarcaban la totalidad de los Servicios Públicos, donde ya figura el Ministerio de Justicia como secretaría independiente, a la que se le asignaron 11 atribuciones, siendo éstas las siguientes: 1°. Conmutación de penas; 2°. Separación de la jurisdicción civil y criminal en los Juzgados de Primera Instancia, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia; 3°. Prestación del auxilio necesario al Poder Judicial para hacer efectivas sus providencias; 4°. Establecimiento de Juzgados de Primera Instancia en las cabeceras de Distrito, de acuerdo con el Supremo Tribunal de Justicia; 5°. Revisión de Códigos; 6°. Vigilar la Administración de Justicia dando conocimiento de las faltas que notare al Supremo Tribunal de Justicia; 7°. Escuelas de Corrección; 8°. Protección de menores; 9°. Conservación, ornato y arreglo de los edificios para el Despacho de los Tribunales de Justicia, Cárceles Públicas y Penitenciarías; 10°. Organización y reglamentación de establecimientos penales, y 11°. Extradiciones.

En 1947, el entonces Ministro de Justicia, Dr. J. Antonio Quirós, decide iniciar la publicación del “Boletín del Ministerio de Justicia”, el cual pretendía no sólo dar a conocer la labor de este importante Ramo, sino también divulgar todos aquellos estudios, artículos y comentarios del quehacer judicial. En estas publicaciones aparecerían además los textos de las principales leyes, decretos, reglamentos y reformas. El Ministerio de Justicia estaba tomando muy en serio su nueva atribución de ente encargado de recopilar y publicar la legislación salvadoreña; es por ello que en 1952, siendo Ministro de Justicia el señor Roberto Edmundo Canessa, se inicia la publicación de la “Revista del Ministerio de Justicia”, con un importante aporte legal y doctrinario nacional.

En 1956, bajo la consideración del “grado de adelanto alcanzado por el país”, y con el propósito de “obtener mayor eficacia en la prestación de los servicios administrativos”, mediante Decreto Legislativo No. 2296, del 13 de diciembre de 1956, publicado en el Diario Oficial No. 238, Tomo 173, del 22 de ese mismo mes y año, se crea nuevamente la Secretaría de Justicia, a fin de atender el respectivo Ramo, el cual había sido adscrito para ese entonces al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El desarrollo del aparato estatal conduce a la elaboración de un nuevo Reglamento Interior del Poder Ejecutivo, esto es mediante Decreto Ejecutivo número 67, del 10 de julio de 1958, publicado en el Diario Oficial número 137, Tomo 180, del 23 de ese mismo mes y año. En este nuevo Reglamento puede apreciarse que las atribuciones correspondientes a la Secretaría de Justicia se habían desarrollado y aumentado con el paso del tiempo, pudiéndose destacar las siguientes:

1- Comunicaciones entre el Poder Ejecutivo y la Honorable Corte Suprema de Justicia; 2- Registros de marcas de fábrica y de patentes de invención y los demás que determine la ley para la protección de la industria y el comercio; 3- Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, procurando que sus actividades se desarrollen de conformidad a las disposiciones legales; 4- Escuelas de corrección; 5- Protección de menores, con relación a la delincuencia; 6- Revisión de los Códigos de la República y de la Legislación general, oyendo la opinión de las demás Secretarías interesadas por razón de la materia; 7- Recopilación, ordenamiento y clasificación de la Jurisprudencia de los Tribunales de la República, en sus aspectos Civil, Penal y Mercantil.

EI trabajo del Ministerio de Justicia tuvo gran relevancia para nuestro país, siendo una de sus importantes contribuciones, sin duda, la divulgación de la legislación salvadoreña, labor que se pone nuevamente de manifiesto en febrero de 1964, con el relanzamiento del “Boletín del Ministerio de Justicia”, y las publicaciones gratuitas de las principales leyes del país. Otra aportación significativa fue la creación del “Certamen Anual de Investigación Jurídica Presbítero y Doctor José Simeón Cañas”, creado a través de una Ley Especial en marzo de 1974, como una forma de promover y estimular la investigación en las diversas disciplinas del derecho.

A inicios de la década del 90, el Ministerio de Justicia coadyuvó al seguimiento de los frutos alcanzados por la Comisión Revisora de la Legislación Salvadoreña (CORELESAL), esta vez desde su seno, por medio de la Dirección General de Asistencia Técnico Jurídica (ATJ), como parte del Proyecto de Reforma Judicial II, la cual fue creada mediante Acuerdo N° 108, del 18 de febrero de 1993. A esta altura de la historia, el Ministerio de Justicia mantenía un rol protagónico de significativa relevancia, pues había alcanzado niveles óptimos de ejecución, especialmente en los campos de análisis, redacción y revisión de anteproyectos de leyes, decretos y reglamentos, dándole continuidad a los siguientes proyectos de Ley: Código Procesal Civil, Ley de Procedimientos Administrativos, Código Penal y Procesal Penal, Ley Penitenciaria, Código de Familia, Ley Procesal de Familia, Ley del Menor Infractor, Código Agrario, entre otros.

El Ministerio de Justicia mantuvo su constante progreso hasta el inicio de la década del 90, cuando se dejaron de realizar cambios relevantes en su estructura; sin embargo, con la finalización del conflicto armado, se dio un importante giro a la institucionalidad y estructuración de esta Secretaría de Estado.

Como ejemplo de lo anterior, debido a la reingeniería que estaba realizando el Ejecutivo en su organización, y luego de la emisión de la “Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor” –hoy Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia-, al Ministerio de Justicia se le eliminó la función de velar por la protección de los menores.

Otro aspecto que es importante resaltar, es que la reingeniería también supuso que en el año de 1994, el Centro Nacional de Registros pasara a asumir las funciones de la Dirección General de Registros, que era una dependencia del Ministerio de Justicia.

Finalmente, el Ministerio de Justicia fue fusionado con el Ministerio de Seguridad Pública en el año de 1999, pasando a ser el “Ministerio de Seguridad Pública y Justicia”, como se verá más adelante.

Área de Seguridad Pública: Como antecedentes históricos de la seguridad pública se tienen la fundación de la Guardia Civil en el año de 1867, siendo sustituida posteriormente en 1883, con la emisión del Reglamento del Cuerpo de Policía y Bomberos de la ciudad de San Salvador, a través del cual se instituyó la denominada “Policía Reformada”, cuyo Director dependía directamente del Ministerio del Interior y del Gobernador del Departamento.

Más adelante, en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de 1915, del cual se hizo referencia en un párrafo anterior, puede advertirse que la seguridad pública ya aparecía como una de las atribuciones asignadas a la Secretaría de Gobernación, de la siguiente manera: “2°. Ejecución de las leyes de elecciones, de policía, Guardia Nacional y seguridad interior”.

En el Diario Oficial No. 50, Tomo 138, de fecha 5 de marzo de 1945, se publicó el Decreto No. 3 del Poder Ejecutivo, de fecha 28 de febrero de 1945 –el último día del mandato presidencial del Coronel Osmín Aguirre y Salinas-, a través del cual se efectuaron diversas reformas al Reglamento Interior de 1915, con el objeto de “hacer una distribución más racional de los distintos ramos de la Administración Pública”, y de que el Gobierno entrante del General Salvador Castaneda Castro, pudiera organizar “dichos servicios sobre bases nuevas”. En virtud de las reformas en cuestión, se distribuyeron los doce Ramos de la Administración Pública en cinco Ministerios, quedando incorporado dentro del Ministerio de Defensa, a partir de la última de las fechas citadas, el Ramo de Seguridad Pública, junto con la Policía Nacional y la Policía de Hacienda.

Desde ese entonces, la Seguridad Pública y la Defensa llegaron a quedar “integradas”, ya sea como dos ramos diferentes dentro de una misma Secretaría de Estado, o como un único ramo de “Defensa y Seguridad Pública”, siendo ésta la forma en que se mantuvo hasta la firma de los Acuerdos de Paz, respecto de lo cual hablaremos a continuación.

Con la llegada de los Acuerdos de Paz y las negociaciones realizadas para alcanzar tal fin, todo lo vinculado con la seguridad pública tuvo un giro importante. Como parte de lo antes dicho, la Asamblea Legislativa con el propósito de contribuir con el proceso de paz que en ese entonces se llevaba a cabo en nuestro país, emitió el día 29 de abril de 1991 el Acuerdo de Reformas Constitucionales No. 1, el cual contenía reformas a determinadas disposiciones constitucionales referidas a la Fuerza Armada, el Órgano Judicial, el Sistema Electoral y los Derechos Humanos. Tal Acuerdo de Reforma, a fin de dar cumplimiento a lo preceptuado por el Art. 248 de la Carta Magna, tuvo que ser ratificado por la siguiente Asamblea Legislativa, a través de los Decretos Legislativos No. 64, de fecha 30 de octubre de 1991, y 152, de fecha 30 de enero de 1992. Hasta este último Decreto, se ratificaron aquellas reformas relativas a la Fuerza Armada, con el objeto de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz firmados en esos días en Chapultepec, México.

En los referidos Acuerdos de Paz, específicamente en el Capítulo referente a la Policía Nacional Civil, se había establecido que “La Policía Nacional Civil estará adscrita a un nuevo Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. A tal efecto, el actual Ministerio del Interior será reestructurado.

Se creará un Viceministerio de Seguridad Pública, que tendrá a su cargo la relación con la Policía Nacional Civil”.

A través de las reformas a las disposiciones constitucionales relativas a la Fuerza Armada, se incorporaron dos incisos al Art. 159 de la Constitución, referido a las Secretarías de Estado que integran el Órgano Ejecutivo, estableciéndose que “La Defensa Nacional y la Seguridad Pública estarán adscritas a Ministerios diferentes”.

Uno de los primeros cambios significativos que se produjeron como consecuencia de los Acuerdos de Paz y de la reforma constitucional antes apuntados, fue la emisión del Decreto Ejecutivo No. 29, contenido en el Diario Oficial No. 59, Tomo 314, del día 26 de marzo de 1992, que derogó al Decreto Ejecutivo No. 1, del 1° de junio de 1984, mediante el cual se había creado el Viceministerio de Seguridad Pública adscrito al Ministerio de Defensa y de Seguridad Pública, y por el que se trasladaron temporalmente las actividades administrativas desempeñadas por ese Viceministerio al Ministro de la Presidencia de la República, mientras se organizaba y se adscribía la Policía Nacional Civil al “Ministerio correspondiente”.

Posteriormente, por Decreto Ejecutivo No. 49, emitido por el Presidente de la República el 27 de mayo de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 101, Tomo 323 del 1° de junio de ese mismo año (día de la toma de posesión del Presidente Armando Calderón Sol), se creó el Vice-Ministerio de Seguridad Pública, adscrito al Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, siendo formalizada su creación mediante reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, introducida por el Decreto Ejecutivo No. 70, emitido por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre de 1994, publicado el 27 de enero de 1995, en el Diario Oficial No. 19, Tomo 326, donde le fueron detalladas sus atribuciones, señalándosele dos áreas de competencia: A) Área del Interior, y B) Área de Seguridad Pública.

Más adelante, tomando como parámetro el auge delincuencial del momento, se consideró necesario transformar el Viceministerio de Seguridad Pública adscrito al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en “Ministerio de Seguridad Pública”, siendo creado por Decreto Ejecutivo No. 45, emitido por el Presidente de la República el 22 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial No. 92, Tomo 327, de esa misma fecha.

Luego, se consideró que las atribuciones del Ministerio de Justicia podían ser desarrolladas por el Ministerio de Seguridad Pública, ya que las funciones del primero “se vinculan con la seguridad jurídica” y las del segundo con la seguridad pública, razón por la cual se decidió fusionar ambas Carteras de Estado, creando el “Ministerio de Seguridad Publica y Justicia”, por medio de Decreto Ejecutivo No. 62, emitido por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 240, Tomo 345, del 23 del mismo mes y año. Según dicho Decreto las tres áreas de competencia del Ministerio serían: Común, Seguridad Pública y Justicia.

Conforme se fueron desarrollando las necesidades de nuestra sociedad, y con el fin de optimizar el uso de los recursos mediante una administración racional de los mismos, se decidió efectuar otra reestructuración que involucrara nuevamente a la Secretaría de Estado encargada de la Seguridad Pública. Esta vez se consideró que se debía aprovechar la complementariedad de funciones que desarrollaban los Ministerios del Interior y de Justicia y Seguridad Pública, suprimiendo a ambas Secretarías de Estado, creando a la vez una nueva que se denominaría “Ministerio de Gobernación”. Esta entidad se creó por Decreto Ejecutivo No. 124, de fecha 18 de diciembre de 2001, publicado en el Diario Oficial No. 241, Tomo 353, de fecha 20 del mismo mes y año.

Entre las atribuciones que le fueron asignadas al Ministerio de Gobernación, se encuentran las referidas a la seguridad pública y ciudadana, así como el establecimiento de la política penitenciaria y el control migratorio, las que por requerir un esfuerzo especializado en su coordinación y ejecución, hizo necesario que se creara dentro de aquella institución al “Viceministerio de Seguridad Ciudadana”, a efecto de que su titular colaborara con el Ministro de Gobernación en las atribuciones relacionadas con los temas antes indicados y que además sirviera de enlace y apoyara a dicho funcionario en las relaciones con la Policía Nacional Civil y Academia Nacional de Seguridad Pública. El Viceministerio en cuestión, fue instaurado por medio de Decreto Ejecutivo No. 28, emitido por el Presidente de la República el 6 de febrero de dos mil dos, publicado en el Diario Oficial No. 25, Tomo 354, de esa misma fecha.

El 2 de junio de 2004, el Ministerio de Gobernación emitió el Acuerdo No. 101, con el objeto de descentralizar las facultades y atribuciones de dicha institución distribuyéndolas entre los titulares, de tal forma que unas serían ejercidas directamente por el Ministro de Gobernación, por ser indelegables y de su exclusiva responsabilidad, y otras serían delegadas por éste a los Viceministros de Gobernación y de Seguridad Ciudadana. El precitado Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial No. 141, Tomo 364, del 28 de julio de 2004.

Luego de haber realizado las valoraciones correspondientes, el Órgano Ejecutivo llega a la conclusión que “el mantenimiento de la seguridad pública y la paz social, así como la formulación de una política de Estado en dicha materia, debe ser función exclusiva de un solo organismo del Estado”, en virtud de lo cual por Decreto Ejecutivo No. 125, emitido por el Consejo de Ministros el 5 de diciembre de 2006, publicado en el Diario Oficial No. 227, Tomo 373, se creó esta Secretaría de Estado, con el nombre “Ministerio de Seguridad Pública y Justicia”, a la que se le asignaron todas aquellas atribuciones del Ministerio de Gobernación vinculadas con la seguridad pública; la paz social; organización, conducción y mantenimiento de la Policía Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública; el sistema penitenciario; el control migratorio, y servir como medio de comunicación entre el Órgano Ejecutivo y las instituciones que integran el Sector de Justicia, entre otras. El Ministerio de Gobernación continuaría con sus demás atribuciones y dependencias que ya tenía asignadas, adicionándole otras funciones que se encontraban diseminadas en el ordenamiento jurídico del país. El primer Ministro de Seguridad Pública y Justicia fue el licenciado René Mario Figueroa Figueroa.

Finalmente, el Consejo de Ministros emite el Decreto Ejecutivo No. 1, de fecha 1° de junio de 2009, publicado esa misma fecha en el Diario Oficial No. 99, Tomo 383, mediante el cual se introducen diversas reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, siendo una de ellas el cambio de denominación de esta Secretaría de Estado, pasando a llamarse a partir de la fecha antes señalada, “Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. El actual titular de este Ministerio, es el General de División David Victoriano Munguía Payés, nombrado en tal cargo por Acuerdo No. 535, emitido por el señor Presidente de la República el 22 de noviembre de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 218, Tomo 393, de la misma fecha.

Las instituciones que actualmente dependen del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, son las siguientes:

Dependencias

  • Policía Nacional Civil
  • Dirección General de Migración y Extranjería
  • Dirección General de Centros Penales
  • Dirección General de Centros Intermedios
  • Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PRE-PAZ)
  • Dirección de Toxicología
  • Comisión Nacional Antidrogas (con dependencia administrativa y financiera)

Instituciones adscritas

  • Academia Nacional de Seguridad Pública
  • Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia