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Escrito por Administrator   
Miércoles 18 de Noviembre de 2009 14:43

Dirección General de Centros Penales

Reseña Histórica

En su origen los sistemas penitenciarios estaban divididos en cárceles públicas y privadas; las públicas fueron destinadas a los reyes del pueblo, plebeyos o siervos y estaban ubicadas alrededor de grandes centros urbanos, con características especiales para los políticos, a quienes instalaban en las fortalezas con construcciones fuertes y extremadamente vigilados.

Las cárceles privadas estaban destinadas para los señores Feudales y su detención era de tipo domiciliarios en sus castillos. En esa época, el sistema carcelario se caracterizaba por ser de carácter preventivo y solo tenía lugar para los reos a quienes se les hacia un proceso jurídico; para los condenados, el castigo se hacía efectivo con trabajo forzado para ganarse su alimentación o con la pena de muerte.

Con el desarrollo cultural, la sociedad se opone a esta clase de penas, se humaniza el sistema de la sanción penal, desaparece el trabajo forzado y los castigos corporales y morales. Surge entonces el sistema Celular, que se entiende como el que asignan celdas individuales a cada reo y es el que ha prevalecido a través de la historia, por lo que se ha convertido en las bases de los sistemas penitenciarios de América Latina.

El artículo 27 de la Constitución de la República de El Salvador, señala que el Estado organizará los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos.

La creación del sistema penitenciario Salvadoreño data de la antigua ley de Cáceles Públicas, contenida en el documento de codificación de Leyes Patrias de 1879. Según el contenido de dicha Ley, cada población de la República debía contar con una cárcel para hombres y otra para mujeres y que el régimen económico de ellas, dependerían de las Municipalidades, a excepción de las cárceles para los funcionarios públicos que estaría a cargo de los Gobernadores Departamentales.

Además en la cabecera de distrito, cada cárcel debía tener las separaciones necesarias para procesados, para rematados y para deudores; en Santa Ana y en San Miguel, debería de funcionar una cárcel especial para funcionarios públicos.

La administración de los reclusorios estaba bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en  1956, se estableció la separación de ambas carteras de Estado.

Anteriormente a esta separación existía la Dirección General de Prisioneros, como una dependencia del Ministerio de Justicia, creada mediante la Ley de salarios. Su creación fue publicada en el Diario Oficial No. 236, Tomo No 153, de fecha 21 de Diciembre de 1951.

En 1988, la Comisión Revisora de la Legislación Salvadoreña (CORELESAL), interesada en trabajar en una nueva Ley Penitenciaria, realizó  un estudio Diagnóstico del sistema penitenciario y de readaptación en El Salvador, con base a reconocerle a la persona humana su dignidad, que la sigue conservando, aunque haya cometido delito. (artículo 1 y 27, inciso 2do y 3ro. Cn)

Este estudio tuvo lugar en pleno conflicto, cuando se redujo el número de penales debido a que esas instalaciones fueron utilizadas para el ejército; pero surgieron cárceles fuera del sistema, como en la Policía Nacional y Guardia Nacional, que no eran responsabilidad de la Dirección General de Centros Penales y Readaptación, institución que norma y contiene los objetivos, modalidades y características del sistema, régimen y tratamiento.

La Dirección General de Centros Penales desde Septiembre de 1973 es la Institución encargada de la Política Penitenciaria en El Salvador, por mandato Constitucional, así como de la organización, funcionamiento y control de los Centros Penitenciarios. Desde el año 2006 es una dependencia del Ministerio de  Justicia y Seguridad Pública..

El cumplimiento de las metas quinquenales plasmadas en el Plan Estratégico 2009 – 2014, entre sus componentes esta: Infraestructura, Seguridad, Fortalecimiento Institucional y Programas de Tratamiento. Estos componentes están siendo llevados a través de la ejecución de los planes de Cero Corrupción, Fortalecimiento de la Escuela Penitenciaria, Seguridad Tecnológica, Plan de Reducción del Hacinamiento Penitenciario, Inversión, Estrategias de Rehabilitación, Programa “YO CAMBIO”,   Desarrollo del Recurso Humano del Sistema Penitenciario y Mesas de la Esperanza.

La dirección promovió el fortalecimiento institucional y con el esfuerzo de todo el personal dan como resultado una perspectiva de nuestro Sistema Penitenciario y para las personas privadas de libertad, acordes a los parámetros constitucionales y legales.


La Ley Penitenciaria surge por un mandato constitucional, ya que el Art. 27 N˚ 3 obliga al Estado a organizar los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes.

La Ley Penitenciaria tiene por finalidad brindar al condenado, por medio de la ejecución de la pena, las condiciones favorables para su desarrollo personal, que le permitan una armónica integración a la vida social al momento de recobrar su libertad. Asimismo, establece la Ley Penitenciaria que las instituciones penitenciarias tienen por misión fundamental procurar la readaptación social de los condenados.Dicha Ley, determina que se brindará al interno asistencia para buscar trabajo, preparar documentación y, si fuera el caso, buscar vivienda, ésta y otras disposiciones son producto de la aceptación de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, por lo que podemos reconocer la influencia del derecho internacional en las disposiciones de la Ley Penitenciaria. El trabajo penitenciario tiene por finalidad la rehabilitación del interno mediante su capacitación en las diversas actividades laborales.

Podemos ver en el desarrollo de la Ley Penitenciara la evolución del sistema penitenciario a través del tiempo, y es que nuestra Ley, en todo su desarrollo da la impresión que su mayor deseo es: La Reinserción Social.


El Reglamento de la Ley Penitenciaria surge a raíz del Art. 135 de la Ley Penitenciaria, que manda al Presidente de la República decretar el presente reglamento, cuya finalidad es facilitar la aplicación de la Ley regulando la actividad penitenciaria, la cual se deberá realizar para lograr la reinserción social de los penados y de los sujetos a medidas de seguridad privativas de libertad.

Dicho Reglamento regula hasta la saciedad las disposiciones de la Ley, siempre enfocando su acción a la readaptación del interno (Art. 181). Cabe destacar también la forma como desarrolla el aspecto del trabajo social que sigue con la finalidad máxima del sistema penitenciario, ya que delega un trabajador social para el interno a modo de darle una intervención y tratamiento que promueva su cambio de conducta y se logren de mejor manera los objetivos propuestos. Además de todo esto, se regula la ayuda post-penitenciaria para los interno para asegurarles que el Estado está preocupado por reincorporarlos a la sociedad.

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Ultima actualización ( Viernes 22 de Junio de 2012 13:58 )
 
 
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