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Belisario Artiga, fiscal general, mide
sus palabras para no polemizar en el tema
de la creciente ola de homicidios en el país.
Sobre su mesa de trabajo tiene una taza de
café y una propuesta de reformas para
poder usar el dinero decomisado en casos
de narcotráfico y lavado de dinero en la
protección de testigos.
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Artiga asegura que trabajan con el
Ministerio de Gobernación en un plan para
investigar y condenar a los asesinos
quienes en el primer mes del año
terminaron con la vida de 290 ciudadanos.
“Nadie pone en discusión que el
problema es grave”, dice.
Asegura que los testigos son una pieza
clave en las investigaciones judiciales y
reconoce que a la fecha no existen los
fondos ni un programa especial para
brindarles protección.
Además de las ideas de reformas, en
las propuestas a largo plazo, considera
conveniente un albergue de testigos.
“Hay proyectos de vivienda del Fondo
Social que están abandonados y el Estado
puede disponer de un complejo habitacional
para testigos, es una idea que hay que
discutir”, señala.
Plan piloto
Artiga avala conceder más facultades a
la Policía. De hecho, asegura que en
municipios con alto índice de homicidios,
como Sonsonate o Soyapango, estudian
implementar un plan piloto: liberar a los
fiscales de delitos de bagatela para que
investiguen casos graves.
“De lo que se trata es de buscar un
texto que se adecúe a la Constitución
para que el Policía pueda investigar
algunos delitos y al momento en que se
requiera judicializar, pues entonces que
pida la dirección de la Fiscalía, es una
solución al valladar constitucional.”
Una clave, freno a
mercado negro de armas
Funcionarios dicen que el alto número
de homicidios está vinculado a la gran
cantidad de armas.
Las alarmantes cifras de homicidios en el
país está relacionada con la facilidad
que los salvadoreños tienen para adquirir
un arma de fuego.
Ayer, el ministro de Gobernación, René
Figueroa, dijo que el Ejecutivo no dará
marcha atrás en la propuesta de reformas
para endurecer los permisos de portación
de armas.
El fiscal Belisario Artiga vio con beneplácito
la propuesta y añadió que se necesitan
recursos para luchar contra el mercado
ilegal de armas de fuego.
“En este tema no hay que ser ilusos, se
requiere también un gran combate al
mercado negro de armas. De nada sirve
controlar las armas legales si tiene
disparado el mercado negro”, aseveró.
Añadió que no podía dar una respuesta
fría de que si en El Salvador el problema
radica en los débiles requisitos para
registrar un arma o en el auge del mercado
ilegal.
“Es bien difícil contestarle fríamente,
es un problema que tiene una explicación
histórica, de complejidad humana”,
consideró.
De una cosa no tiene dudas. Artiga
considera atinado que las autoridades
exijan más requisitos para extender
permisos de portación.
“Deben incrementarse los requisitos. El
tema de las edades tiene que verse con
profundidad, con estudios psicológicos,
con estudios de la personalidad (de los
solicitantes) para tomar las decisiones más
adecuadas.”
El talón de Aquiles
El fiscal general tampoco niega que la
investigación científica en el país
tiene deficiencias. No obstante, matiza
que hace años propuso a la Unidad Técnica
Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) la
creación de un instituto de investigación
científica.
Artiga hilvana la posibilidad de unir el
actual Instituto de Medicina Legal con el
Laboratorio Técnico de la Policía. La
“nueva” institución sería dirigida
por un consejo de administración formado
por la Fiscalía, la Procuraduría y la
Corte Suprema. “Pienso en algo colegiado
por transparencia , con recursos para
desarrollar la investigación.”
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