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Wilfredo
Salmanca
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
Tanto jueces como la Policía Nacional Civil
(PNC) reclaman que sea reformado el recién creado delito de
conducción temeraria de automotores para establecer las conductas
amenazantes específicas en la vía, con el propósito de garantizar
el castigo a los transgresores.
De los más de 2,000 casos registrados por la Policía desde agosto
de 2004 a la fecha, ningún automovilista está preso porque los
juzgadores han rechazado como evidencia para aplicar el Artículo
147 E del Código Penal el alcotest presentada como evidencia por
parte de la Fiscalía General.
De los 15 juzgados de San Salvador, sólo el 13o. de Paz elevó el
procedimiento a la fase de instrucción.
Resolvió aplicar medidas sustitutivas a la prisión, como la
obligación de someterse a una institución determinada para recibir
charlas, abstenerse de ingerir bebidas embriagantes y no salir del
país.
Cuestionamientos
Los aplicadores de justicia invalidan la prueba de dopaje que
realiza la PNC por considerar que los policías no son los agentes
apropiados para realizarla y que si el automovilista lo permite, se
autoincrimina en ausencia de un abogado defensor. Además, porque la
redacción actual no describe con claridad la conducta
temeraria.
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Cuestionado. El antidopaje
practicado a los conductores no tiene la validez para que sea
ejercida como acción penal. Foto:
EDH |
La jueza 1o. de Paz de San Salvador, Marta Elena
Rosales, ha decretado sobreseimiento definitivo en los 45 casos que
ha recibido desde el 9 de agosto de 2004, cuando entró en vigencia
el nuevo ilícito.
Argumenta que la boleta de alcotest sí procede para una sanción
administrativa como lo establece el Reglamento General de Tránsito;
pero, que ésta pierde validez para ejercer la acción penal porque
se violentan los Artículos 11 y 12 de la Constitución sobre los
principios de inocencia y defensa definidos para toda persona.
A este cuestionamiento se agrega el Juez 1o. de Instrucción, Levis
Italmir Orellana, quien afirma que es improcedente que para
perseguir un delito establecido en el Código Penal se recurra al
Reglamento de Tránsito. El Derecho Penal califica esta situación
como “ley penal en blanco”.
Además, critica que el 147-E no establezca a partir de
cuántos grados de alcohol en la sangre un conductor se vuelve
temerario; y que es muy específico para los ebrios, marginando a
otros que “en estado normal al volante” son peligrosos.
El jefe de la División de Tránsito Terrestre de la
PNC, César Flores Murillo, sugiere establecer los mecanismos idóneos
para que se valore el alcotest.
Para ello, sugiere la práctica del examen por un médico
de la Unidad Antidoping del Viceministerio de Transporte, el cual
debe ser firmado por el profesional para que tenga validez en el
proceso judicial.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodrigo Ávila,
se muestra abierto a los cambios. “La ley no está escrita en
piedra”, dice antes de reconocer que el nuevo delito ha evitado
muchas tragedias en carretera.
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La PNC gasta $50 por
imprudente
El distintivo de Tránsito. Foto:
EDH |
La detención de un automovilista por conducción
temeraria tiene sus consecuencias financieras para la PNC, aunque éstos
sean liberados en las siguientes 72 horas porque los jueces rechazan
como prueba el reporte de alcotest elaborado por los agentes de la
División de Tránsito Terrestre.
El titular de esta división policial, César Flores
Murillo, asegura que se invierten $50, que se desglosan en el pago
al policía, combustible y papelería utilizada.
Agrega que al menos cinco uniformados participan en un dispositivo,
por lo que el desembolso se incrementa.
A esta situación se anexan la amenaza física que enfrentan los
policías de ser arrollados por conductores ebrios; los insultos
verbales que enfrentan a diario; y la agresión sicológica por
parte de profesionales que conocen o presumen saber de legislación.
El jefe policial reconoce que otra desventaja para sus 987 miembros
es el mote de aceptar “mordidas”. Ante esto, asegura que ya está
en licitación el proyecto de cambiar el uniforme de su personal.
La iniciativa tiene tres propósitos: que los agentes
de otras divisiones no se hagan pasar como policías de Tránsito
para exigir sobornos, que la población los identifique con
claridad, y para dotarlos de un mecanismo de seguridad para ser
identificados, principalmente por la noche.
Al uniforme tradicional de la PNC, los agentes añadirán un chaleco
y rodilleras fluorescente e indicativos de su pertenencia a Tránsito
Terrestre.
Demandan
claridad legislativa
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Levis
Italmir Orellana
Juez Primero de Instrucción
Crítica
“Es un caso de mala técnica legislativa. Demuestra que hay
desconocimiento de la orientación y estructura del Código
Penal como fue diseñado” |
Marta
Elena Rosales
Jueza Primero de Paz S.S.
Ley clara
“Debe revisarse la norma penal para que tenga claridad y
para que no se violenten los derechos constitucionales de
inocencia y defensa que tiene toda persona” |
César
Flores Murillo
Tránsito Terrestre de la PNC
Pide reforma
“Que se establezcan los mecanismos idóneos para que la
prueba de alcotest tenga la validez dentro del proceso
judicial, y que el juez no la rechace como prueba” |
Rodrigo
Ávila
Viceministro de Seguridad
Apertura
“La ley no ha sido escrita en piedra, por lo que podemos
revisarla. Sin embargo, con el nuevo delito hemos sacado de la
vía a muchos choferes irresponsables” |
Las
críticas y propuestas
Las autoridades aseguran que una reforma clara del Art. 147 E
permitirá enjuiciar a choferes temerarios:
| Inconstitucional |
Sugerencias |
Antidopaje
El automovilista se autoincrimina, si acepta que le practiquen
la prueba en ausencia de un abogado defensor. |
Acta
firmada
La PNC propone que la prueba sea realizada por un médico de
la Unidad Antidoping del Viceministerio de Transporte. |
Ley
en blanco
La actual redacción en el Código Penal no establece con
claridad las conductas temerarias. Obliga ir al Reglamento de
Tránsito. |
Claridad
Establecer en el Código Penal los grados de alcohol y si la
temeridad aplica también para conductores sobrios, pero
peligrosos. |
Antecedente
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional en 2002
algunas sanciones penales del Reglamento de Tránsito. |
Revisión
Los jueces exigen a creadores de leyes tener claridad en los
conceptos jurídicos para evitar la incorrecta técnica
legislativa. |
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