A pocos días de haberse implementado el cerco de seguridad en el municipio de Nueva Concepción, en el departamento de Chalatenango, y luego de un eficiente proceso de investigación e inteligencia, el Gabinete de Seguridad Ampliado presentó a los principales responsables del homicidio del agente Maximino Antonio Vásquez Rodríguez.
Se trata de Francis Antonio Gómez Calderón, alias “Monkey”; José Armando Ochoa Gutiérrez, alias “Sapo Verde”; y Salvador Enrique Portillo Landaverde, alias “C4”, principal victimario del oficial.
“Sepan que todo aquel terrorista pandillero que quiera atentar contra la sociedad o contra nuestros miembros de las fuerzas del orden van a recibir el verdadero fuego del Estado Salvadoreño y tenemos todas las herramientas para buscarlos dentro y fuera del país”, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
Dijo que desde el primer momento de conocerse la noticia del hecho, recibieron instrucciones precisas del Presidente Bukele, en el sentido de establecer el cerco en Nueva Concepción con dos misiones: hacer justicia y erradicar a la Clica Fulton Locos Salvatruchos, que operaba en esa localidad.
Los resultados del Gabinete de Seguridad indican que desde la puesta en marcha del procedimiento en ese municipio del departamento de Chalatenango ya se tienen más 50 delincuentes capturados a quienes se les ha incautado dinero, equipos de comunicación, armas, drogas y se les ha desmantelado campamentos y cuevas donde se escondían.
“Quiero enviar un mensaje a la madre, a la esposa, a los hijos de Maximino Vásquez y a las miles de personas de la comunidad El Coco, en Nueva Concepción, Chalatenango, sepan que como Gabinete de Seguridad del Presidente Nayib Bukele, nos comprometimos a hacer justicia y es lo que están viendo acá”, aseguró el ministro en conferencia de prensa.
Se informó que la operación de captura de estos criminales es gracias al trabajo coordinado entre equipos de inteligencia de la Policía Nacional Civil, unidades de la Fuerza Armada y el apoyo de instituciones de seguridad de El Salvador y Guatemala.
En las próximas horas, la Fiscalía General de la República presentará el requerimiento por el delito de homicidios agravado y se solicitará una pena de entre 30 y 50 años de prisión para los terroristas detenidos.
