La Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa, se reunió con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y el fiscal General, Rodolfo Delgado. En el encuentro se presentaron las propuestas de reforma a tres cuerpos legales que permitirán ser más efectivos en la lucha contra el crimen.
Se trata de reformas específicas a la Ley Contra el Crimen Organizado, Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones y la Ley de Telecomunicaciones.
En el primer cuerpo legal se reforma el concepto de crimen organizado, es decir que ahora se castiga a la estructura y consecuentemente contra todos sus miembros; se crea el concepto de tribunales contra el crimen organizado pluripersonales; competencia de los nuevos tribunales para el juzgamiento de menores junto con adulto respetando derechos y garantías y se incorpora el uso de las TIC en procesos judiciales, entre otras.
“Esta reforma no solo nos va a permitir poner a la altura de la demanda a nuestro principal enemigo, que se llaman grupos terroristas, conocidos como pandillas, sino que estamos dejando una infraestructura judicial robusta para los diferentes fenómenos que se puedan dar a futuro”, aseguró el ministro.
Sobre las reformas a la Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones, el ministro detalló que uno de los puntos que se propone es que, cuando se cuente con autorización de la víctima, la escucha no sea considerada una intervención.
Además, se precisan los conceptos de los términos telecomunicaciones, intervención y material obtenido; se incorporan nuevos tipos de delitos como las desapariciones de personas y feminicidio; se deja claro que la facultad para solicitar la intervención solo lo puede hacer un designado que cumpla con los requisitos del director de Centro de Escuchas; se establece como novedad la creación de un juez de garantías que conocerá las solicitudes de intervención; se incorporan disminución de tiempos para la autorización y plazos para resolver recursos, entre otras.
Finalmente, en Ley de Telecomunicaciones se incorpora en las obligaciones del operador, realizar las gestiones necesarias para facilitar información en aspectos relevantes para la investigación del delito; como novedad se prohíbe brindar servicios a teléfonos con reporte de hurto y robo de aparatos y se obliga a los operadores adaptar sus operaciones para que pueda ser utilizada por la Fiscalía General de la República en la investigación del delito.
“Hemos preparado estas tres reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, la Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones y la Ley de Telecomunicaciones, para que nos ayuden a terminar de ganar esta batalla que no solo se gana con las capturas de los miembros de estas estructuras terroristas, sino que también a nuestra gente tenemos que garantizarle que estas personas no van a salir de la cárcel”, dijo en el ministro a los diputados.
