El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y el fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, asistieron a la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa que estudia iniciativas legales para fortalecer la Guerra Contra Pandillas.
Una de las propuestas tiene que ver con el ordenamiento de los procesos que se le siguen a los más de 71,000 detenidos en marco del régimen de excepción. Se trata de disposiciones transitorias que estarían vigentes 24 meses.
“Son herramientas necesarias de un Estado firme y valiente de un Estado que está innovando y que le va a servir a muchos otros países del mundo”, aseguró el ministro Villatoro.
De acuerdo con el titular de Seguridad, el país está saliendo de este fenómeno criminal, pero se vuelven necesarias las herramientas para sellar de una vez por todas el problema. Precisó que estas iniciativas permitirán condenar a los grupos terroristas en razón de su organización territorial.
La otra propuesta analizada se refiere a reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado. Se propone que por cualquier delito que ordene o cometa alguien de la organización, se le impondrá la pena más alta establecida en la normativa vigente, más una tercera parte, con lo que se golpea a la jerarquía de la estructura.
“Lo que pretendemos es que la causal de ser cabecilla en cualquiera de las gradas de la estructura terrorista sea suficiente para incrementar un tercio de la pena. Si para agrupaciones ilícitas, el máximo es 45, esta se incrementaría en un tercio, con lo cual llegaríamos a una condena para los cabecillas de 60 años”, explicó.
En el marco del régimen de excepción las fuerzas del orden han capturado a 1,100 cabecillas de las estructuras criminales, a quienes se les estaría aplicando la medida. Las disposiciones se mantienen en estudio para ser probadas en la brevedad.
